- Interfieren chatarreros, políticas públicas
- Promueven amparos contra normatividad
- Deterioran calidad de vida de la población
CIUDAD DE MÉXICO. 17 ABRIL 2024.- Organizaciones comprometidas con la salud, los derechos de consumidores y la naturaleza, demandaron a candidatos “proteger la salud” de la población frente a “interferencias corporativas”.
Se trata de agrupaciones como: Salud Justa Mx, Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), Greenpeace México, Agua para Todos, Agua para la Vida; Cambiémosla Ya! El Poder del Consumidor y la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Sus representantes demandaron de los aspirantes a cargos de elección popular “anteponer los intereses públicos por encima de los intereses corporativos”, además de “ser garantes de los derechos humanos y proteger la salud y al medio ambiente a través de regulaciones de la interferencia corporativa recomendadas por organismos internacionales”.
Los exhortaron a que, de llegar a ocupar responsabilidades públicas- establezcan políticas efectivas de transparencia, de rendición de cuentas, además de promover buenas prácticas de gobernanza en materia de conflicto de interés.
Al participar en la conferencia Interferencia corporativa: sus impactos en la salud pública, medio ambiente y derechos humanos, denunciaron la interferencia de las corporaciones mineras, tabacaleras, alcoholeras, de ultraprocesados, bebidas endulzadas, agroquímicos, productoras de plásticos, y extractoras de agua, en las políticas y normativas para las regulaciones sobre sus productos y prácticas con impactos negativos sobre la salud pública, el medio ambiente y la garantía de los derechos humanos.
Aludieron a la intimidación y difamación, el socavo a la ciencia, acciones legales, la captura de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la creación de campañas de responsabilidad social corporativa, la creación de coaliciones y grupos frontales, así como, la autorregulación, las puertas giratorias y la centralización del debate en la importancia económica, como parte de sus estrategias para debilitar y restar responsabilidad al Estado.
Ornela Garelli Ríos, de Océanos sin Plásticos de Greenpeace México, acusó a las empresas de productos plásticos las cuales “tienen un largo historial de acciones de diverso tipo (amparos, presión directa a autoridades, uso de cabilderos, etc.) para evitar la reforma de leyes, como el caso de la Ley General de Residuos, la aprobación de nuevas regulaciones, el retraso de su entrada en vigor o incluso su cancelación (como las prohibiciones de plásticos de un solo uso en los estados)”.
De esa manera “han logrado bloquear mayores avances en la lucha contra la contaminación por plásticos en México, y han evitado que existan regulaciones que les pongan freno a estas empresas contaminantes”.
Yahaira Ochoa Ortíz, de Salud Justa Mx, citó que hay evidencias de “cómo las tabacaleras cabildean en el Congreso y en otros niveles de gobierno para detener o entorpecer las políticas públicas para el control del tabaco”.
Señaló que, a través de grupos de fachada, interpusieron más de dos mil amparos contra de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento.
Juan Arturo Sabines Torres, de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), refirió el caso de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, quién al presentar una iniciativa para regular la venta de alcohol en los estadios “fue objeto de una fuerte presión por parte de empresas alcoholeras y de aliados, incluidas las televisoras y asociaciones deportivas para que esta no prosperara”.
Urgió a impulsar una Ley general de control de bebidas alcohólicas -similar a la que existe para tabaco-, para implementar normativas de gran impacto, acordes con los criterios del Plan de acción mundial sobre el alcohol 2022-2030 de la Organización Mundial de la Salud.
Andrea Moctezuma, de la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, fue directa: “Las corporaciones mineras, refresqueras, cerveceras, agroindustriales y papeleras, entre otras, acaparadoras del agua en México, han sido las principales beneficiarias de que en México no se haya aprobado una Ley General de Aguas que garantice el derecho humano al agua”.
Cecilia Navarro, de la Colectiva ¡Cambiémosla Ya! Habló de la Ley de Minería -aprobada hace un año- la cual “ha sufrido los embates de las corporaciones desde que comenzó a ser planteada por la Colectiva y han llevado a que hoy esté sujeta a un proceso de acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue interpuesto por todos los diputados de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD”.
Puntualizó que legisladores de esos partidos y “también algunos de MORENA, como Yeidckol Polenvski y Carlos Noriega, fueron poniendo todo tipo de obstáculos para su dictaminación y aprobación”.
Alejandro Calvillo Unna, de El Poder del Consumidor, puntualizó: “No podríamos explicar la grave situación de salud que vivimos en México, como las declaradas epidemias de obesidad y diabetes, sin la captura del Estado por las corporaciones de comida chatarra y bebidas azucaradas”.
Ilustró que más de cinco ex-secretarios de salud mantuvieron relación con la Fundación Mexicana para la Salud creada por la iniciativa privada, “bloqueando las políticas para regular los productos chatarra y las bebidas azucaradas”.
Las productoras de alimentos chatarra recurren a amparos contra la norma que los obliga a etiquetar productos con advertencias sobre sus contenidos. Así, han logrado detener lineamientos para publicidad de estos productos, incumpliendo los tiempos para su publicación, y la normatividad para su venta en escuelas -complementó-.
